La Esponja Informativa
Salinas llevó a su amigo Slim a la cima mundial de la riqueza
Y era 1995 cuando se escribió este texto de Proceso de Rafael Rodríguez Castañeda, y ahora 12 años después Carlos Slim es el tercer hombre con más dinero en el mundo. Documento importante no solamente porque esté en boga que Slim esté en Forbes en el tercer puesto y que por lógica todo indica que en poco tiempo será el número uno, sino porque esas ventas de empresas públicas al sector privado que se hicieron en el sexenio del pelón innombrable son una muestra clara, por una parte, que no porque pasen del sector público al sector privado las empresas, en la mayoría de los casos, quiere decir que se mejorará el servicio o producto y de que costará más barato; y además por otra parte es muestra de cómo el pelele está copiando en todo el modelo o estrategias del sexenio de Carlos Salinas, por ejemplo, para que se esté diciendo que Pemex está en quiebra y que se le tiene que invertir (con dinero privado) –pero eso sí, se rescataron los bancos, las carreteras, los ingenios, etc., pero no se puede rescatar a la empresa o negocio que más le deja al país--, tal cómo sucedió en 1990 cuando Salinas de Gortari decía que Telmex ya no era rentable, que si no se le invertía iba valer queso.
Bueno pues, durante muchos años consecutivos la empresa que recibe más quejas, más demandas y que en la Profeco se puede corroborar esta información, no es Wall-Mart ni Luz y Fuerza del Centro ni Pemex ni las Gasolineras (la mayoría en manos de los Hank González y Miguel Alemán) ni Bimbo ni Elektra ni Coppel ni Televisa ni las farmaceúticas, etc., no, la número uno en quejas y demandas por varios años ya, es Teléfonos de México, osease, el que ahora Telmex tenga un dueño super millonario (o al menos eso se supone, porque el millonario podría ser otro) y el que ahora ya no haya casetas telefónicas gratuitas en cada esquina y que tal empresa tenga ingresos inmensos no quiere decir que ahora den mejor servicio y precios accesibles. Y lo mismo sucederá con el petróleo, la luz o el sector salud si las venden al sector privado.
Es muy lamentable que haya personas que piensen que si el ISSSTE se privatiza o que si las pensiones de miles y miles de pensionados las va manejar a su antojo ahora la mamá de Chucky es lo mismo que ha sucedido hasta el día de ayer, porque dicen que de todas maneras siempre se han robado el dinero y que el ISSSTE y el IMSS dan un pésimo servicio y que nunca hay medicamentos. Pues es verdad que existe un mal servicio y que de todas maneras siempre hay desvíos de los fondos de esas dos instituciones, pero no es lo mismo eso a legalizar o hacer oficial que se roben los fondos como más les plazca, y además, eso no quiere decir que mejorarán las pensiones de los mexicanos o que habrá mejor servicio.
Tan sólo repasemos de nuevo el caso de la Ley del Primer Empleo, propuesta por el gobierno francés, votada a favor y publicada para entrar en vigor en Francia hace unos pocos años. Pero afortunadamente allá la mayoría sí tiene varios canales fidedignos e imparciales de información por lo que la mayoría de los franceses salieron a protestar, y no pacíficamente (aquí se ponen a llorar por plantones o porque cierran avenidas), y no fue cada 15 días; las protestas fueron diariamente y de millones de franceses, y los resultados, pues al gobierno no le quedó de otra que echar abajo una ley ya lista para aplicarse.
Pero qué tiene que ver esta ley con lo del ISSSTE o próximas privatizaciones (si los dejamos), pues esa ley iba privilegiar a los recién egresados de las universidades para obtener rápidamente un empleo –qué bueno no-- PERO, los empresarios por ley o respaldados en la ley iban a poder tranquilamente darles una patada en el trasero a los demás empleados mayores de 30 años, así nada más, y para conseguir otro empleo pues iba estar ya muy difícil porque precisamente en todas las vacantes se les iba a privilegiar a los más jóvenes, y posiblemente nunca llegarían a los años para poder jubilarse. Y, y, para nada iba ser lo mismo que aunque en todo el mundo los empresarios, los dueños del billete, prefieran contratar a jóvenes que a personas mayores de 35 años o más y que en la mayoría de las vacantes se le de preferencia a personas menores a 30 años; no iba a ser lo mismo que ahora por ley a los empresarios les iban a dejar hacer lo que siempre les gustaría hacer a su antojo y que en ciertas ocasiones pueden hacer mediante un sin número de requisitos o exámenes.
No es lo mismo que siempre haya desvíos en el ISSSTE o IMSS a que ahora por ley se puedan hacer desvíos al antojo y que por lo mismo ahora ni puedan ser investigados, y lo peor aún, que sea un personaje tan desagradable como la mamá de Chucky la que maneje ese dinero de los pensionados; de una señora de quienes se conocieron grabaciones donde pactaba a favor de Calderón.
Y claro, también está la cuestión de que siempre los gobiernos federales han vendido a los bancos, a Telmex, a Imevisión y demás negocios en menos de un 40 por ciento de su valor y en casos extremos, como el de Telmex, en menos del 10 por ciento de su valor que tenían en ese entonces.
Pero bueno, a continuación documento casi completo de la revista Proceso:
Operacion Telmex
Cronología de las maniobras con que Salinas llevó a su amigo Slim a la cima mundial de la riqueza
Rafael Rodríguez Castañeda
(Fragmentos del libro Operación Telmex, en preparación)
dRafael Rodríguez Castañeda
(Fragmentos del libro Operación Telmex, en preparación)
Rafael Rodríguez Castañeda
(Fragmentos del libro Operación Telmex, en preparación)
Una sonrisa contrajo su cara redonda y entrecerró aún más sus ojos pequeños.
En la foto de
Proceso: Slim, Hernandez Juarez, Caso Lombardo, Aspe y A. Baranda.
-No esperen milagros -dijo Carlos Slim a los reporteros, en una obligada conferencia de prensa-. Pero en unos cuantos años esperamos poder satisfacer la demanda y proporcionar el servicio que el país exige.
Era el lunes 10 de diciembre de 1990.
Un día antes, en lo que fue calificado como un "sabadazo" en domingo, la SHCP anunció que Telmex había sido vendido al mejor postor: el Grupo Carso y sus socios.
La sonrisa de Slim reflejaba más que la satisfacción de su ego comprador. Acababa de culminar con éxito uno de los grandes proyectos personales del presidente Salinas: dejarle a su amigo Slim la empresa que en poco tiempo lo iba a colocar en la cima mundial de la riqueza.
Mediante el pago de sólo 442.8 millones de dólares (l billón 351,000 millones de viejos pesos, al cambio de fines de 1990), el Grupo Carso consiguió el control de Telmex, una empresa con valor oficial calculado en más 7,000 millones de dólares que en los siguientes cuatro años obtuvo utilidades netas globales equivalentes a la estratosférica cantidad de 31 billones 824,834 millones de viejos pesos.
Ese mismo lunes, en el Diario Oficial de la Federación, apareció la Modificación al Título de Concesión de Teléfonos de México, S.A. de C. V., gracias a la cual Slim y sus socios aseguraban la prestación del servicio telefónico durante por lo menos 51 años, seis de ellos en condiciones de virtual monopolio.
Por razones públicamente desconocidas, la difusión oficial de este título -firmado y en vigor desde el 10 de agosto anterior- fue detenida hasta hacerla coincidir con el anuncio del triunfador de la subasta.
* * * * *
En su prisa por vender empresas paraestatales, el gobierno salinista no cuidó ni las formas.
Por ejemplo, los lineamientos que debían seguirse en casos como el de Telmex estaban pormenorizados en un documento titulado "Procedimiento para la enajenación a título oneroso, en favor de los sectores social o privado, de los títulos representativos del capital social o de la participación que en el mismo tengan el gobierno federal o alguna entidad paraestatal, tratándose de participación estatal mayoritaria" .
Fue elaborado por la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento (CIGF) y expedido el 12 de septiembre de 1990.
Más de un año antes, el 30 de marzo de 1989, cumpliendo en los hechos el primer paso de un "Procedimiento" que formalmente aún no existía, el secretario de Co municaciones y Transportes -dependencia coordinadora del sector-, Andrés Caso, propuso a la CIGF la desincorporación de Telmex.
Y el 18 de septiembre de ese mismo año, el presidente Salinas hizo pública la decisión del gobierno de vender la parte mayoritaria de la empresa más rentable del país.
¿Quién decidió que Teléfonos de México no era una empresa prioritaria ni estratégica?
¿Quién consideró asimismo que era susceptible de ser adquirida por el sector privado, dadas sus condiciones de viabilidad?
¿Quién estableció que había dejado de cumplir sus objetivos?
¿Quién decidió que ya no resultaba conveniente conservarla como entidad paraestatal?
Funcionarios del gobierno salinista tomaron esas decisiones por sí y ante sí. Ni los ciudadanos ni los órganos que los representan participaron en ellas.
En sigilo, entre las cuatro paredes de oficinas gubernamentales, se decidió vender la empresa telefónica. E igualmente en sigilo, se optó por venderla a Carlos Slim.
Con el presidente Salinas a la cabeza, el gabinete económico se reunió el 15 de agosto de 1989 para estudiar y aprobar la propuesta de Comunicaciones y Transportes de vender Telmex, mediante el que se denominó Acuerdo No. 38.
Formalmente, el siguiente paso debió ser el análisis de la CIGF. Sin embargo, con su anuncio del 18 de septiembre, Salinas se adelantó al dictamen de sus colaboradores. Supuestamente, en esos momentos desconocía aún si sería favorable o desfavorable.
Salinas se apresuró tal vez al detectar que no todos los miembros de la CIGF estaban de acuerdo. Según un oficio, fechado el 13 de diciembre de 1989 y firmado por su secretario técnico, Bernardo Gómez Palacio, la CIGF dictaminó favorablemente la venta de Telmex, mediante un acta de fecha 23 de octubre del presente, cuya suscripción se concluyó el pasado 11 de diciembre ( ... )"
El 14 de enero de 1990, Jacques Rogozinsky, colaborador cercanísimo de Pedro Aspe, se convirtió en personaje central de la trama. Como subsecretario de Hacienda, miembro de la CIGF y jefe de la Unidad de Desincorporación de la SHCP, asumió explícitamente la coordinación del proceso de venta de Telmex.
El 30 de enero, Ernesto Zedillo envió un oficio a Pedro Aspe para comunicarle que, en relación con Telmex, la Secretaría de Programación y Presupuesto autorizaba el proceso de desincorporación y le pedía dar órdenes a fin de que se designara a la sociedad nacional de crédito "por conducto de la cual habrá de llevarse a cabo la enajenación de la participación estatal en el capital social de Telmex".
Para esa fecha, sin embargo, ya la CIGF se había adelantado y en su reunión del 15 de enero -a la que presuntamente debió haber asistido Zedillo- designó al Banco Internacional, por sugerencia de Aspe y con la anuencia de Andrés Caso.
. El presidente del consejo de administración del Banco Internacional era el actual secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz Martínez, quien en aquella fecha era subsecretario de esa dependencia y también miembro de la CIGF.
En otra junta, el 31 de enero, la CIGF decidió analizar, desde el punto de vista jurídico, la situación de las 18 filiales de Telmex. El análisis le tomó exactamente doce días, y el 12 de febrero dictaminó que la propuesta de desincorporación de Telmex que hizo la SCT implicaba, necesariamente, la propuesta de desincorporación de las 18 filiales de ésta. Todo entró en el mismo paquete y por el mismo precio.
El 15 de febrero, la SPP expidió formalmente la orden de modificar el título de concesión y los estatutos de Telmex, a fin de ponerla en condiciones de convertirse en empresa privada, Para esas fechas, sin embargo, representantes de la misma SPP, de la SHCP, de la SCT y de Telmex llevaban ya tiempo preparando la modificación del título de concesión.
El 9 de agosto se reunió la CIGF para examinar un informe sobre los avances de la venta de Telmex. De un solo tirón, sus miembros adoptaron en privado una serie de acuerdos decisivos; entre otros:
-Pedir a la SPP ponerle precio a la Red Nacional de Microondas para su venta a Telmex,
-Formar un grupo de trabajo, encabezado por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con los directores jurídicos de la SCT y la Secogef y sus equivalentes del Banco de México y del Banco Internacional, a fin de que "definan si el nuevo título de concesión se puede considerar como una prórroga al título vigente y, por lo tanto, no tener la necesidad de publicarlo, y la fecha en que éste deberá entrar en vigor..."
-Ordenar que no se permita competencia a la empresa por los próximos seis años, en larga distancia nacional y en larga distancia internacional.
-Tomar conocimiento de que ese mismo día (9 de agosto) se celebró la reunión del consejo de administración de Telmex y se presentaron y fueron aprobados el título de concesión y la resolución acerca de las características que deberá tener el programa de venta de las acciones de Telmex en los mercados internacionales de capital.
Seguramente, los miembros de la CIGF y del consejo de administración de Telmex -ambos encabezados por Aspe, pero se ignora si le fue posible asistir a las reuniones de ambos organismos- no tuvieron tiempo de dormir esa noche, por que al día siguiente, 10 de agosto, estaba lista la modificación del título de concesión de Telmex, que incluía las recomendaciones y observaciones de la propia CIGF.
Según una de sus cláusulas -agregada como último punto del documento-, entró en vigor en el momento mismo de su firma. Pero no se hizo pública en forma inmediata.
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El 15 de noviembre de 1990, ante cinco notarios públicos del Distrito Federal, el Banco Internacional recibió las posturas de los posibles compradores que previa mente aprobaron los requisitos para la adquisición de las acciones "AA" de Telmex. En la recta final, quedaron sólo tres:
1.- Grupo encabezado por Acciones y Valores (Accival), S.A., representado por Roberto Hernández Ramírez, conjuntamente con Controladora Mextel, Accitel de México, Telefónica de México, GTE Mexican Telephone Inc., que ofrecieron pagar la cantidad de 0.78 centavos de dólar por acción "AA", con importe de 1 ,687.2 millones de dólares, por los 2,163 millones 40,972 acciones, más la opción de compra de 5.1 % de acciones "L".
2.- Grupo encabezado por Carso, representado por Carlos Slim Helú, Jaime Chico Pardo, José Antonio Pérez Simón, Jaime Escoto Cano y Sergio F. Medina Noriega, conjuntamente con Seguros de México, un grupo de inversionistas mexicanos minoritarios, Southwestern Bell International Holding Co. y France Cable et Radio, que ofrecieron 0.80 centavos de dólar por acción, por un total de 2,163 millones 40,972 acciones "AA", más la opción de compra de 5.1 % de las acciones "L". El precio total ofrecido fue de 1,734 millones de dólares (5 billones 171,216 millones de viejos pesos), y para incrementar el valor de la oferta se ofrecieron 23.6 millones de dólares más en dividendos (alrededor de 70,000 millones de viejos pesos) futuros de la propia empresa.
3.- Grupo encabezado por Gentor, representado por Humberto Acosta Campillo y Salvador Benítez Lozano, quienes ofrecieron comprar únicamente 1,103 millones 151,000 acciones "AA", a un precio de 0.63 centavos de dólar por acción e importe de 700 millones de dólares, más la opción de compra de 5.1 % de acciones serie "L".
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El 6 de diciembre fue el gran día para el proyecto Salinas-Slim. Reunida en privado en la SCHP, en su XXIII Sesión Extraordinaria, encabezada por Pedro Aspe, la CIFG emitió el acuerdo de "aceptar la oferta presentada por Grupo Carso, SA de CV, Seguros de México, y otros participantes, como inversionistas mexicanos mayoritarios, y las empresas Southwestem Bell lntemational Holdings Corp., y France Cable et Radio como inversionistas minoritarios, por haber presentado la mejor oferta y haber cumplido con las condiciones establecidas para la adquisición del total de las acciones 'AA' subastadas".
El grupo encabezado por Slim fue ostensiblemente favorecido por el gobierno de Salinas cuando éste aceptó que una parte de la oferta fuera pagada a plazos, con dinero proveniente de las propias ganancias que Slim obtuviera con Telmex en su poder.
De acuerdo con el Esquema de Desincorporación, que sentaba las normas bajo las cuales debía elegirse al ganador del concurso, el monto de las ofertas, es decir, el criterio monetario, únicamente sería determinante para elegir al ganador cuando la mayor oferta superara en más de 3% a la postura siguiente. En caso de que la diferencia entre las dos principales ofertas fuera menor a dicho porcentaje, Telmex sería vendido al grupo que presentara la mejor propuesta de mejoramiento tecnológico y administrativo de la empresa.
Ahora bien, si solamente se tomaban en cuenta las cantidades ofrecidas de manera directa, en dinero constante y sonante a la hora de firmar el contrato de compraventa, la postura de Carso sólo era 2.8% mayor que la de su principal oponente, Accival.
Como Carso no podía arriesgarse a ser derrotado por un mejor programa tecnológico y administrativo de Accival, ofreció pagar 70,000 millones de viejos pesos adicionales ... con dividendos futuros de la propia empresa que estaba comprando.
Esa cantidad adicional -pagadera en cinco años, con utilidades de la empresa más redituable de México y una de las más rentables del mundo- permitió que la diferencia con Accival pasara de 2.8% a 4.2%, asegurando así la asignación a Slim y sus socios en función exclusiva del monto de la oferta.
El origen, las circunstancias y las características de este inesperado ofrecimiento de consecuencias multimillonarias -pretexto público para justificar el triunfo del Grupo Carso sobre Accival- han permanecido ocultos.
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Mediante el contrato de compraventa, el Grupo Carso adquiría en lo particular el 5.17% de las acciones, que acabaron costándole 442.8 millones de dólares, agregados los intereses por el pago al plazo de 180 días. El precio por acción era aparentemente alto: 13.1 puntos porcentuales superior al cierre del mercado el lunes 10 de diciembre.
Y 6.1 % más respecto al máximo alcanzado en los 12 meses anteriores.
En realidad, sin embargo, obtener el control de Telmex y ocupar la presidencia del Consejo de Administración le salió a Slim relativamente barato.
Más allá del pago de dividendos, Slim erogó el equivalente de 1 billón 351,000 millones de pesos. Si su casa de bolsa, Inbursa, hubiera comprado la misma cantidad de acciones que adquirió Carso, en el mercado de valores, al precio más alto de los 12 meses inmediatos anteriores, habría pagado 1 billón 260,000 millones de pesos.
El "extra" que le permitió a Slim quedarse con la administración de Telmex fue de 86,000 millones de pesos, es decir, 28 millones de dólares, o sea nada, si se compara con el tamaño de la empresa que más utilidades deja en el mercado accionarío mexicano.
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En julio de 1991, la revista estadunidense Business Week analizaba:
"Salinas, al proyectar el enorme poder de la Presidencia mexicana, está de hecho definiendo quién gana y quién pierde en México. Pero corre sus riesgos. Al inclinarse por sus cuates, Salinas no está haciendo gran cosa para diversificar el control corporativo. Si el libre comercio empobrece a la economía mexicana, Salinas será el culpable ( ... )
"Sin embargo, Salinas reconoce que las recompensas pueden ser enormes para los ganadores mexicanos: un pie en la economía estadunidense de 5.5 billones de dólares. Uno de esos ganadores es Carlos Slim, de 51 años, un corpulento financiero mexicano-libanés que hizo una fortuna con el mercado de valores en los ochenta. Después, en diciembre pasado, atrapó una mina de oro en comunicaciones al lograr una participación mayoritaria del monopolio telefónico Telmex ( ... )
"Todo este manipuleo está poniendo a Salinas bajo un reflector incómodo. Rumores y alegatos de amiguismo rondan por todo el proceso de privatización. En respuesta, el gobierno hace lo imposible por crear una imagen de imparcialidad. Por ejemplo, en la junta de gabinete que decidió quiénes serían los nuevos dueños de Telmex, los tres postores fueron nombrados A, B Y C. Pero todos sabían quién era quién. 'No estamos vendiendo naranjas', dijo un secretario de Estado."
De acuerdo con una denuncia presentada en agosto de 1994 en la Procuraduría General de la República, en el ejercicio del permiso que obtuvo Telmex para operar desde 1990 una Red Digital Integrada (para el servicio destinado a grandes usuarios), Telmex utiliza un sistema ideado por un antiguo empleado de la empresa, Antonio Hernández Otero, con el nombre de Sistema de Alto Tráfico.
Desde esa fecha, Telmex enfrenta el juicio civil 75/94- V por reconocimiento judicial de la autoría del sistema; pago de una indemnización por daños y perjuicios patrimoniales y morales, y la liquidación de Telmex en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
El 24 de febrero de 1995, la denuncia fue ampliada al campo penal ante la PGR, por delitos en los que pudieran haber incurrido funcionarios gubernamentales y los propios dueños de Telmex en el curso de la operación de compraventa:
"Asociación delictuosa, revelación de secretos, ejercicio indebido de servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, tráfico de influencia, peculado, falsedad en informes dados a una autoridad, delitos contra el consumo y la riqueza nacionales, fraude y despojo de derechos de autor..."
La denuncia está en proceso en la averiguación previa número AP l660/FES PLE/95, en la Mesa IX de la Fiscalía Especial de Servidores Públicos y Leyes Especiales. En ella, el despacho de abogados Hamdam y Ochoa, que lleva el caso de Hernández Otero, establecía, "como hecho tercero", que tanto "en la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (Secogef) como en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, se nos impidió el acceso para consulta del llamado 'Libro Blanco' sobre la desincorporación de Telmex, donde se narran los pasos seguidos en el proceso, con el argumento de que 'no estaba abierto al público' ( ... )"
El 20 de abril, el abogado Guillermo Hamdam se volvió a dirigir al procurador: "(...) Es la fecha en la que, como denunciantes y coadyuvantes del Ministerio Público Federal, no sabemos sobre la remisión del multicitado 'Libro Blanco' que se editó sobre la desincorporación de Telmex ( ... )
"Por todo ello, y en virtud de que el multicitado documento aparentemente no se encuentra en donde debería estar o está siendo ocultado o fue destruido, se presenta esta denuncia por la posible comisión de hechos que pudieren constituir delito(s) en contra de quien o quienes resulten responsables."
Hasta agosto de 1995, esta demanda estaba prácticamente detenida en la PGR. Ningún funcionario del gobierno salinista que manejó el proceso de desincorporación había sido llamado a comparecer. Tampoco funcionarios o exfuncionarios de Telmex. r
De Proceso, No. 985, 18 sep 1995 (N$15.00)
Y este es cartón de aquel entonces en Proceso.
ESO SÍ, TELMEX AHORA PODRÍA ESTAR EN MANOS DE ROBERTO HERNÁNDEZ, DE BANAMEX.
Fotos: Roberto A.
